¿Qué es un planteamiento del problema dentro del trabajo especial de grado de la UNES?

Saludo a todos los Discentes de la Unidad Curricular Investigación e Innovación del grupo de la Comandancia General, deberán dejar plasmado en este blog las respuestas a las siguientes preguntas. 1.- ¿Qué es un planteamiento del problema dentro del trabajo de grado? 2.- ¿porque el proyecto se realiza dentro del contexto de su comunidad?  3.- ¿Que se busca con el  Proyecto socio-integrador en la comunidad y en el ámbito policial?  Son preguntas abiertas que deberán responder con coherencia y pertinencia. Esta actividad tendrá una ponderación de 8 % y tendrán hasta el día 28 de agosto para realizarla, recuerda amigo que tu participación es importante.

CRÍTICA A LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Bienvenidos y bienevenidas a este espacio educativo. Una vez realizado la actvidad enriquecedora dentro del aula de clase, apreciados y apreciadas Discentes deberan comentar bajo una vision critica todo lo concerniente a la Declaracion de los Derechos Humanos, recuerden ser muy coherente y pertinente a la hora de realizar su ensayo, tambien deberan agregar algun punto que consideren importante que se le anexe o se le quite  a dicha declaracion, recuerden dejar plasmado sus datos personales. exito a todos y todas, si tienen alguna duda pueden comunicarse conmigo por el tlf 0426-4506442, o por el correo johnnyferrer1976@hotmail.com

UNIDAD CURRICULAR: SERVICIO DE POLÍCIA (PROYECTO)

Bienvenidos a mi Blog  todos los Dicentes  que cursan estudios superiores para la Licenciatura en  la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) Región- Yaracuy.

Una vez discutido en el Salón de clase de la UNES lo concerniente al tema 1 y 2 del Modulo Servicio de Policía.  A Continuación deberán desarrollar las respuestas de cada una de estas preguntas:

1.    ¿Qué es un proyecto de investigación social? 

2.    ¿Que es la Ética y pertinencia en el proyecto? 

3.    ¿Cuales son las líneas de acción comunitaria que desarrolla la UNES?

Es importante tener en cuenta la ortografía al escribir, cuando vayan a citar algún párrafo de un autor deberán interpretar que quiso decir el mismo. Esta actividad tendrá su ponderación respectiva.

La Actividad estará abierta hasta las 9:00 de la noche  del día lunes 15 de julio del 2013.  Cualquiera duda con respecto a la actividad asignada deberán ubicarme por los teléfonos: 0426-4506442 ó 2318536. También podrán visitarme en las oficinas de la Caja de Ahorro ó vía facebock: johnnyferrer1976@hotmail.com

Manos a la obra compañeros. “Ten siempre presente que tu situación actual no es tu destino final, lo mejor está por venir”

LA DOGMÁTICA JURÍDICA EN EL ÁMBITO LEGAL.

La Dogmatica Jurídica. La dogmatica es, desde luego, una actividad compleja, en la que cabe distinguir esencialmente estas tres funciones: 1) suministrar criterios para la producción del derecho en las diversas instancias en que ello tiene lugar; 2) suministrar criterios para la aplicación del derecho; 3) ordenar y sistematizar un sector del ordenamiento jurídico.

 Razones de la argumentación jurídica o por qué se debe argumentar en el ámbito del derecho. El primer lugar, por el principio de legalidad. Ninguna producción de norma, o aplicación de norma (decisión judicial) o análisis  del corpus legal tiene validez si no se aportan razones establecida por el propio corpus jurídico. La argumentación jurídica valida tiene como parámetro el fundar y motivar la producción, aplicación o análisis de las proposiciones legales. Fuera de la fundamentación y motivación de la proposición legal solo hay vacio e ilegalidad.

En segundo lugar, porque es imperativo aducir razones (racionales y razonables) para producir aplicar o analizar las  proposiciones legales.

En el tercer lugar, porque el estado de derecho democrático se sustenta no solo en el principio de legalidad, sino en la pertinencia que existe entre el corpus jurídico disciplinador y la moral comunitaria, entendida en este caso como cultura comunitaria simplemente. Las proposiciones legales deben dar cuenta, argumentando razones que funde y motiven la legitimidad y la legalidad de la producción, aplicación y análisis de la misma. Por lo tanto, la argumentación jurídica es el instrumento por virtud del cual:

1.    La producción de la proposición jurídica es legal y legitima.

2.    La aplicación de la proposición legal es pertinente a la comunidad y apegada a derecho.

3.    El análisis de la proposición legal coherente con el corpus jurídico y con la cultura comunitaria.

4.    Los productores, aplicadores y analista de las proposiciones legales hacen valer razonamiento racionales y  razonables que sustentan el estado de derecho democrático desde el dialogo comunitario, es decir, desde una perspectiva dialógica y no autoritaria.

Abg. Ferrer Johnny.

Tema 2. Los Medios Alternativos de Solución de conflictos y diversidad cultural, del P.F.G: Estudios Juridicos

El-Abogado-del-Diablo1976: Tema 2. Los Medios Alternativos de Solución de conflictos y diversidad cultural, del P.F.G: Estudios Juridicos

Tema 2. Los Medios Alternativos de Solución de conflictos y diversidad cultural, del P.F.G: Estudios Juridicos

Comparta con sus Compañeros, Compañeras y Facilitador,  sus saberes sobre, los Medios Alternativos de Solución de conflictos y diversidad cultural.  Donde  deberán desarrollar los temas de Pluralismo Jurídico,  Localismo globalizado en las etnias Warao, Wayú, Kariña, entre otros.

Deberán construir saberes respetando los criterios de sus compañeros, cuidando la ortografía,  deberán plasmar la referencia bibliográfica  de la   información aportada, su datos personales,  de esta manera nos estaremos preparando para un foro a realizar en el aula de clase el día 17 de Marzo de 2013

 

LO QUE DEBEMOS SABER DE LAS PRESTACIONES DE ANTIGUEDAD.

        La ley adopta medidas tendientes a garantizar la estabilidad en el trabajo y establece las prestaciones que recompensen la antigüedad del trabajador en el servicio y lo amparen en caso de cesantía.

¿QUÉ SON LAS PRESTACIONES DE ANTIGÜEDAD?

        Es una indemnización consagrada como derecho adquirido del trabajador a recibir una cantidad de dinero al terminar la relación de trabajo con un patrono.

Después del tercer mes ininterrumpido de servicio, el trabajador tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a cinco (5) días de salario por cada mes. Después del primer año de servicio o fracción superior a seis (6) meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la Ley, el patrono pagará al trabajador adicionalmente dos (2) días de salario, por cada año, por concepto de prestación de antigüedad acumulativos hasta treinta (30) días de salario.

SE DISTINGUEN 3 TIPOS DE PRESTACIONES:

Prestación de Antigüedad Base
Prestación de Antigüedad Adicional
Prestación de Antigüedad Complementaria

¿ES LO MISMO PRESTACIÓN SOCIAL QUE PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD?

     No, son dos conceptos diferentes, prestaciones sociales incluye todo lo que es vacaciones, salario retenido, entre otros en cambio la prestación de antigüedad es un ahorro que se le va a haciendo al trabajador hasta cuando termine la relación de trabajo, esta prestación tiene un fin social.

¿EN DÓNDE Y CON QUÉ FRECUENCIA DEBE EL PATRONO DEPOSITAR LAS PRESTACIONES DE ANTIGÜEDAD DE SUS TRABAJADORES?

    La prestación de antigüedad, atendiendo a la voluntad del trabajador, requerida previamente por escrito, se depositará y liquidará mensualmente, en forma definitiva, en un fideicomiso individual o en un Fondo de Prestaciones de Antigüedad o se acreditará mensualmente a su nombre, también en forma definitiva, en la contabilidad de la empresa.

¿CUÁNDO COMIENZA EL PATRONO A DEPOSITAR EN EL FIDEICOMISO DE PRESTACIONES DE ANTIGÜEDAD?

    Desde el tercer mes ininterrumpido de servicio, el trabajador tendrá derecho a una prestación de antigüedad que el patrono depositará en un Fideicomiso de Prestaciones de Antigüedad, administrado por una empresa de seguros o en una institución financiera que el patrono seleccionará.

¿CUÁNTO DEBE DEPOSITAR EL PATRONO EN EL FIDEICOMISO?

     Los patronos deben depositar el equivalente a cinco (5) días de salario por cada mes para los trabajadores que tengan más de tres (3) meses y menos de un (1) año. Después del primer año, o fracción superior a seis (6) meses, el patrono pagará adicionalmente dos (2) días de salario por cada año, acumulativo hasta treinta (30) días de salario.

¿QUÉ RENTABILIDAD TENDRÁN LOS FIDEICOMISOS DE PRESTACIONES DE ANTIGÜEDAD?

      Lo depositado o acreditado mensualmente devengará intereses de la siguiente manera:

Al rendimiento que produzcan los fideicomisos.
A la tasa activa determinada por el BCV, si el trabajador hubiese requerido que los depósitos se efectuasen en un fideicomiso y el patrono no cumpliera con lo solicitado.

Al promedio de las tasas activa y pasiva determinadas por el BCV, si fuera en la contabilidad de la empresa.

¿CUÁNDO RETIRA EL TRABAJADOR LOS INTERESES QUE PRODUCEN LOS FIDEICOMISOS?

     Anualmente se informará al trabajador sobre el monto de capital y los intereses. Asimismo, se entregará anualmente al trabajador los intereses generados por su prestación de antigüedad acumulada. El trabajador, mediante manifestación por escrito, podrá capitalizar los intereses.

¿SE ENCUENTRAN EXENTOS AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA LOS INTERESES?
    Sí, los intereses acreditados o depositados mensualmente en los Fideicomisos de Prestaciones de Antigüedad están exentos del pago del Impuesto sobre la Renta.

¿CUÁNDO PUEDE RETIRAR UN TRABAJADOR LOS FONDOS DEPOSITADOS EN LOS FIDEICOMISOS?
     El trabajador recibira el monto total depositado y sus intereses en los fideicomisos cuando termine la relación de trabajo con el patrono que hace los aportes al fideicomiso. Sin embargo, el trabajador tendrá derecho a recibir anticipos de hasta un 75% de lo depositado para satisfacer lo siguiente:

La construcción, adquisición, mejora o reparación de vivienda para él y su familia;
La liberación de hipoteca o de cualquier otro gravamen sobre vivienda de su propiedad;
Las pensiones escolares para él, su cónyuge, hijos o con quien haga vida marital y
Los gastos por atención médica y hospitalaria de las personas indicadas en el literal anterior.
Si la prestación de antigüedad estuviere depositada en un Fondo de Prestaciones de Antigüedad, el trabajador podrá garantizar con ese capital las obligaciones contraídas para los fines antes previstos.

CUANDO LA RELACIÓN DE TRABAJO TERMINE POR CUALQUIER CAUSA EL TRABAJADOR TENDRÁ DERECHO A UNA PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD EQUIVALENTE A:

a) Quince (15) días de salario cuando la antigüedad excediere de tres (3) meses y no fuere mayor de seis (6) meses o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente.

b) Cuarenta y cinco (45) días de salario si la antigüedad excediere de seis (6) meses y no fuere mayor de un (1) año o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente.

c) Sesenta (60) días de salario después del primer año de antigüedad o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente, siempre que hubiere prestado por lo menos seis (6) meses de servicio, durante el año de extinción del vínculo laboral”.

VINCULOS DE INTERES

http://www.inass.gob.ve/consultas/verdependencias.php?id=6
http://www.primus.com.ve/PreguntasFideicomisos.htm
http://www.agapea.com/Los-complementos-salariales-por-antiguedad-el-regimen-juridico-actual-y-su-proyectada-reforma-n195689i.htm
http://www.uv.es/~ripj/3allan.htm
Cortesia de http://ninoaspectoslegales.blogspot.com/2007/06/prestaciones-de-antiguedad.html

ENSAYO SOBRE EL USO ALTERNATIVO DEL DERECHO, EN EL PROCESO PENAL VENEZOLANO.

        

 La referencia a los mecanismos alternativos de derecho es tan común y extendida como ambigua. Con carácter general, se puede decir que dentro de este tipo de mecanismos se incluyen formulas tan variadas como la mediación, el arbitraje, la conciliación, la conciliación en equidad, la justicia comunitaria, la negociación, la consulta, la construcción de consenso e incluso las diferentes formas de justicia tradicional indígenas. Todos estos términos aluden a formulas de justicia similares y cualquiera de estas acepciones nos remite a formulas diferentes a la jurisdicción ordinaria. Garcias (2000) señala que una característica primaria de estos mecanismos es su continua remisión a la alternabilidad. La alternatividad del derecho es un concepto surgido en la judicatura y academia italiana de los años setentas y hace referencia a la utilización del derecho positivo vigente para fines diferentes a la consolidación de la clase dominante que fue la que lo creo.

         En América Latina se desarrolla el uso alternativo del derecho, concebido más como un derecho alternativo que como un uso alternativo del derecho, impulsado a través de los servicios legales alternativos. La razón de existir de este uso alternativo es la activa participación de las comunidades en la solución de los conflictos mediantes metodología y estrategias que promuevan su organización, la difusión del derecho y su capacidad de contribuir a la elaboración de normas jurídicas. Los servicios legales alternativos han llevado a la práctica formulas diversas para resolver conflictos que el estado no ha resuelto como consecuencia de una probada inoperancia institucional y, obviamente, judicial, García subraya la necesidad de precisar lo que se entiende como mecanismos alternativos, distinguiéndolas de otras figuras que se han originado en una investigación empírica, socio jurídica y con una visión crítica del formalismo y del positivismo.

         En Colombia y Venezuela por ejemplo, estas formulas se están promoviendo desde una gran multiplicidad de instancias públicas y privadas, y su proliferación tiene que ver con la necesidad sentidas ampliamente de reconstruir una sociedad totalmente desestructurada y con unos niveles de conflictos solucionados violentamente que condicionan todo el actuar personal y social. La extensión de numerosos programas de este tipo tiene más contenido de participación, educación para la convivencia, de acciones de asistencia social y justicia social que de formas de administrar justicia. Existe otro grupo de mecanismo de resolución de conflicto, no integrados en el poder judicial del Estado, que lo constituyen los diferentes sistemas indígenas de resolución de conflictos. En el caso de que exista un reconocimiento del Estado a estos sistemas indígenas, con más o menos intensidad, esto tampoco da lugar a llamarlos mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Estos sistemas indígenas tienen origen propio al que se incorpora de manera fundamental una organización social propia, una cosmovisión, de lo que deriva una forma propia de impartir justicia.

         García (2000) usa la figura de los mecanismo alternativos de resolución de conflicto para referirse solo al conjunto de formulas que se encuentran reglamentadas legalmente mediantes las cuales se administra justicia a la generalidad de los ciudadanos y ciudadanas, no están integrados dentro de la justicia ordinaria ( los jueces, árbitros  o mediadores no se encuentra integrados dentro de la justicia ordinaria ni funciona jerárquicamente) y sus actos no se imponen a través de la fuerza coactiva del estado. Las partes se someten voluntariamente como consecuencia de contratos o negocios jurídicos.

         La denominación como alternativa debe entenderse desde la perspectiva de ser diferentes y distintos a la justicia ordinaria. Aunque no estén integrados dentro del poder judicial no dejan de formar parte de la administración de justicia como materia reservada al poder del Estado, ya que es la legislación del Estado la que los crea. Entre  las críticas que se hacen a la tutela judicial figura el que a menudo esta exige elevados costos y proporciona escasa efectividad. Esto supondría que se busquen medios diferentes a los tradicionales. La política judicial trataría por estos medios de aumentar el acceso a la justicia o minimizar los costes sociales de los procesos.

         La constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela de 1999, trajo consigo un nuevo modelo de Estado, denominado Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, denominado Democrático configurado por el pluralismo político y la igualdad, el estado social, por la igualdad y la justicia, el llamado Estado de Derecho, por la justicia y la libertad, un estado Social de derecho por la solidaridad.

         Desde el preámbulo del texto constitucional, el constituyente venezolano manifiesta la importancia y trascendencia que tiene el Estado Social dentro del orden constitucional, por lo que orienta directamente los fines del estado hacia ese Estado Social establecido en el Articulo 2 de la Constitución en combinación con el artículo 3 de este mismo cuerpo normativo, que señala como fines esenciales del Estado, la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, La promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantías del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. El Estado Social de Derecho busca proporcionar a todos los ciudadanos y ciudadanas los mismo beneficios y oportunidades, tal como afirma Rosell (2002), el Estado Social de derecho es la negación del individualismo y esto consolida en la medida que hace suyas las necesidades individuales y al mismo tiempo, adopta los mecanismo necesarios para evitar la  discriminación, la desigualdad entre los propios ciudadanos y sancionando al mismo tiempo las arbitrariedades o abusos cometidos en contra de estos; por lo que este tipo de acciones le otorga al modelo de estado, una matiz más humano, social y legitimo, lo que lo diferencia de un simple Estado formal de Derecho.

         Ahora bien, el Estado Social de Derecho es el principal fundamento que sirve de marco a las instituciones constitucionales y que orienta el ordenamiento jurídico como tal, ya que gran parte de los principios fundamentales, como la democracia participativa, el pluralismo, la soberanía popular, la primacía de los derechos inalienables que se desprenden de la dignidad humana y la solidaridad social, la responsabilidad social, la preeminencia de los Derechos Humanos, la ética, se pueden incluir dentro del concepto de Estado Social ya que son factores que lo definen y los caracterizan.

         La concepción del Estado Venezolano, el Derecho Penal y las leyes que de este se desprenden, deben corresponderse al Derecho Penal de un Estado de Derecho de corte democrático y social y para ello resulta necesario la adopción y adecuación del sistema a los principios, pensamientos, teorías y aporte de un Derecho Penal de corte garantista, orientado a la limitación y contención del control penal y al mismo tiempo, ofreciendo a los ciudadanos la tutela judicial efectiva de sus bienes jurídicos e intereses conforme a lo establecido en el artículo 26 de la CRBV. El respeto de la dignidad humana, entendida su máxima expresión en los derechos humanos, viene a constituirse en unos de los bienes primordiales que el Estado debe alcanzar y por ello el concepto de justicia no debe entenderse desde un punto de vista formal o como algo abstracto, sino mas bien, como un valor alcanzable para las partes involucradas, lo que solo es posible a través de la humanización del proceso penal y del desarrollo de medios alternos de resolución puesto que no siempre la sanción penal o punitiva por parte del estado es la sanción más eficaz y satisfactoria para las partes.

         Al establecerse que el derecho debe garantizar a través de múltiples estrategias jurídicas la protección de los Derechos Humanos, el Estado venezolano   ha hecho humanizar el proceso penal y aperturarlo a las partes en conflicto, dando así paso a medidas alternativas de resolución de conformidad a las corrientes garantistas que propugnan un Derecho Penal de corte democrático e inspirado en un sistema de garantías destinado a limitar el control penal del Estado y a su vez, brindar a los ciudadanos la tutela judicial efectiva de sus derechos.

         En este mismo sentido y tal y como sostiene Rosales (2005), sólo en la medida que la juridificación determine la misión y el sentido del Estado de tutelar los Derechos Humanos, podrá dársele una respuesta efectiva al cúmulo de problemas que atraviesa el sistema penal; de allí entonces que el Estado Constitucional se ha venido fortaleciendo en Venezuela y de una manera mucho más amplia a tenor de lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución de la Republica Bolivariana Venezola de 1999.

         Este dispositivo constitucional, deja en evidencia la trascendencia de Venezuela  hacia un modelo de Estado más humano y de corte social, que supera ”la sujeción de la Ley formal en pro de la garantía efectiva de los Derechos Humanos…”, lo que unido al fortalecimiento del Sistema de Derechos Humanos en el ámbito nacional e internacional, han permitido que en Venezuela, en lo que se refiere al aspecto constitucional, “…se amplíen los espacios para la democracia, la tutela de los derechos en una gama amplísima guiada por el principio de progresividad…”, e igualmente,  se “… suscriba un modelo social profundizado…” donde la dignidad humana es considerada una condición para el ejercicio de la libertad y el desarrollo de la vida. (Rosales: 2005, 505); Esta nueva concepción de los principios y valores del Estado que aporta la  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela   de 1999, definen y sustentan su fórmula política y a su vez fundamentan los objetivos o metas que la sociedad, organizada políticamente, se propone alcanzar para conseguir la plena realización humana; de modo pues, que se hace necesario la implementación de políticas y mecanismos por parte del Estado que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de los particulares y la tutela judicial efectiva que los mismos merecen.

         El sistema penal de justicia entonces, debe corresponderse al modelo de Estado adoptado constitucionalmente  y éste a su vez, debe promover acciones y mecanismos de control menos punitivos y represivos, a fin de dar respuesta  a las exigencias sociales de una forma garantista de los Derechos Humanos.

Justicia Penal Alternativa y Sistema Penal

         Tradicionalmente el acceso a la justicia se ha concebido bajo la idea de acudir a la jurisdicción, lo que se materializa en el derecho de las personas de acudir a los órganos jurisdiccionales, ser parte de un proceso y obtener una decisión de forma celera y expedita sin dilaciones indebidas tal como lo consagra el artículo 26 del texto constitucional venezolano; no obstante, este mandato de justicia, se ha visto empañado en los últimos años por la excesiva litigiosidad y por su limitación como acceso para todos.

         En la actualidad, es en opinión de Parra Urdaneta (2008) un común denominador de la administración de justicia la sobrecarga de trabajo de los órganos jurisdiccionales, la dilación de los juicios, el alto costo que implica el litigio, el desconocimiento del Derecho y de los procedimientos jurisdiccionales, la insatisfacción social frente a la resolución judicial y la carencia de una actitud institucional democrática que permita la participación de la ciudadanía en la resolución de sus conflictos, entre otros, se constituyen en aspectos característicos que se desprenden del quehacer propio del Sistema venezolano y  que han sido considerados como obstáculos a superar, a través de la  incorporación de medidas transformadoras dentro del proceso penal.

         La inclusión de los métodos alternos de solución de conflictos como vías de acceso a la justicia, a través de la institucionalización y desarrollo de métodos auto compositivos capaces de alternar y coexistir con la vía jurisdiccional, está constituyendo un pilar importante en la construcción de un sistema de justicia más humano, satisfactorio, económico, ágil, expedito y rápido. Esta posición es sostenida también por Binder referido por Rosell (2002:18) al plantear que “estas formas alternativas de resolución de conflictos, orientan el proceso penal hacia la democratización”, pues lo contrario ha dejado demostrado que, “no ha solucionado ni mejorado ningún problema, sino por el contrario, se han agravado… se ha incrementado la disconformidad  de la población   con las instituciones y con  el consiguiente deterioro del  Estado Democrático, pues se lesiona el Estado de Derecho cuando sus instituciones aparecen como incapaces de solucionar en forma racional los problemas”. (Larrandart,  2006: 174).

         En este sentido, es propicia tal afirmación para destacar algunos de los problemas del sistema penal venezolano, unos aún presentes y otros en vías de superación a través de la transformación del proceso penal; no sólo por el paso de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, sino también por la humanización del mismo.

         En lo que respecta al sub sistema legislativo, en opinión de Bolaños (2008) un número significativo de las leyes penales vigentes carecen de buena técnica legislativa desde el punto de vista del principio de legalidad/ tipicidad; leyes en blanco (sin claridad del bien jurídico tutelado); leyes que regulan penalmente esferas sociales  que deberían confiarse a otras ramas del Derecho. Y en lo procesal, la existencia de un principio rígido de obligatoriedad de la acción y la imposibilidad de participación de la víctima en el proceso, excepto como actora civil; situación que fue superada con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal en el año 1999.

         La situación antes descrita conlleva a que leyes que terminan siendo inaplicables para actuar; leyes que al no cumplir ninguna finalidad lesionan la esencia misma del Derecho Penal, lo cual produce una injusticia para ciertos grupos sociales y además un clasismo del mismo. Asimismo, resaltan leyes que producen una inflación penal sin sentido y llenan los tribunales penales de simplicidades que generan la inversión de tiempo, esfuerzo y presupuesto, que podrían dedicarse para la resolución de problemas que sí importan a los grupos sociales. En hora buena, el Código Orgánico Procesal Penal de 1999 incluyó como una de sus principales innovaciones, la solución del conflicto por vías alternas. En cuanto al subsistema policial es conveniente acotar en opinión de Parra Urdaneta (2008) que, la falta de capacitación de los policías y las leyes contravencionales sin objeto claro de protección dan lugar al surgimiento de  una “moral policial” que permite reprimir sectores de bajos recursos únicamente por su forma de vestir, su apariencia o por el lugar en donde se encuentran (Derecho Penal de Autor), lo que origina un efecto de señala- miento y estigmatización que conduce a criminalizaciones posteriores de grupos de sujetos sometidos a ese poder.

         Este panorama dejó en evidencia la urgente necesidad del Sistema de Justicia Penal de aperturarse de un modo más concreto y efectivo para las partes en conflicto, desarrollando procedimientos propios e idóneos que permitan materializar los fines proclamados en el texto constitucional, en relación al modelo de estado; de modo que, la humanización del proceso penal y la incorporación de soluciones alternativas surgen en Venezuela con la finalidad de agilizar la justicia y permitir el acceso a ella de el mayor número de personas, encontrando su fundamentación en una serie de artículos con rango constitucional y legislativo.

         La solución alterna de conflictos hace referencia a la posibilidad de que el poder juzgador no intervenga en una serie de aspectos referentes a los conflictos entre particulares, en los que habitualmente sí interviene; y para ello deben establecerse con claridad los objetivos del Sistema Penal y de la Política Criminal; evaluarse las posibilidades de aplicar otras ramas del Derecho, y de observar con discreción el principio de Última Ratio. En este mismo sentido y a criterio de Morales (2002), debe tomarse en cuenta que no siempre la sanción penal privativa de libertad es la más eficaz para todas las conductas antijurídicas; puesto que, cuando el sistema de justicia penal, (llamado a prevenir la violencia social), se torna violento, el problema social no sólo se agrava, sino que la justicia misma se coloca en tela de juicio y la institucionalidad del país corre un gran peligro: la pérdida de confianza en la justicia penal es un mal que no puede tolerarse en ninguna democracia, porque es el lógico llamado a la dictadura.

Ahora bien, el marco constitucional venezolano enuncia el tipo de política imperante dentro del Sistema de Justicia y por ende propiamente del Sistema Penal,  al establecer en su Artículo 253 que “…el sistema de justicia está constituido por…los medios alternativos de justicia…”, lo que en concordancia con el artículo 258 del mismo cuerpo normativo, constituye la base o fundamento de una Justicia Penal Alternativa, que en palabras de Baratta (referido por Sánchez Sandoval et. al. 2005: 237) “debe corresponder a las necesidades e intereses  de las clases subalternas… pues sólo así se tendrá la garantía de una praxis teórica y política diferente”.

         En este sentido, la justicia penal alternativa implica alcanzar a través del proceso la efectiva materialización de la justicia tal como lo proclama un verdadero Estado de Justicia y a su vez dar cumplimiento a las exigencias de la sociedad quien constantemente reclama celeridad y la respuesta oportuna de sus conflictos, derechos que el Estado está en la obligación de preservar a través de la tutela judicial efectiva.

         Esta situación deja en evidencia el nuevo modelo de justicia de corte netamente garantista, que conduce a que el proceso penal se emancipe del Derecho Penal y consiga  a través de la resolución alternativa, soluciones más justas y acorde a los intereses de los protagonistas del conflicto, por ende, “… el Derecho Penal dejará de tener la función que le  asigna  el principio de legalidad: todo delito ha de ser investigado y castigado, para volcar su utilidad hacia una solución alternativa del conflicto planteado, en la cual la ley penal sustantiva, que fija la solución a través de la imposición de una pena no tendrá injerencia, tomándose el Derecho Procesal para sí la resolución definitiva y por tanto las resultas del juicio” (Rosell, 2000: 71).

         Así pues, los medios alternativos de resolución de conflictos constituyen una de las vías más idóneas para poner fin a las controversias intersubjetivas surgidas entre los particulares; de allí su consagración constitucional, lo que  obedece a la necesidad latente del Sistema de Justicia venezolano de solventar los problemas jurídicos a través de vías más expeditas y económicas, cuya implementación, dentro o fuera del proceso, abre otras puertas al justiciable para lograr la satisfacción y tutela de sus derechos e intereses y permite el descongestionamiento de los tribunales ordinarios.

         En este mismo sentido, a través del uso alternativo del Derecho se busca una actuación de respeto a la Ley, pretendiéndose efectuar su aplicación a  las disposiciones expresadas en la Carta Magna venezolana para que produzcan resultados positivos tanto para el trasgresor de la norma como en defensa de los derechos de la víctima; lo que se traduce en la materialización de un modelo de justicia más humano y cónsono a lo establecido en los tratados y acuerdos internacionales que han sido suscritos y ratificados por Venezuela, que muestran como bandera los Derecho Humanos y como consigna su protección.